LIBROS / "El capital del siglo XXI" (2013), de Thomas Piketty

El economista francés Thomas Piketty realiza un análisis exhaustivo pero muy claro en su explicación acerca de la desigualdad en el reparto del capital que se aprecia desde finales del siglo XIX y se está agravando clarísimamente en lo que llevamos de siglo XXI. En concreto, descubre la siguiente tendencia macroeconómica: la tasa de incremento de los beneficios del capital ha vuelto a ser, en estas décadas del nuevo milenio, superior a la del crecimiento de la economía general. El estudioso detalla que ya ocurría esto en el siglo XIX, cuando las grandes corporaciones empresariales dominaban el mercado, mientras que los Estados carecían de políticas fiscales de redistribución de la riqueza para beneficio social. En cambio, en el siglo XX todo cambió. Los altos costes de las dos guerras mundiales y el levantamiento de un bloque comunista que ofrecía beneficios y derechos laborales llevaron a los gobiernos occidentales a imponer impuestos al capital para repartir la riqueza, consiguiendo, por un lado, recursos económicos viables para los Estados y, por otro, calmar y contentar a los trabajadores aliviando sus deseos de derechos, libertades y prosperidad.

Sin embargo, el triunfo de las políticas neoliberales y la creación de nuevos conglomerados multinacionales (sobre todo tecnológicos), junto con el auge de los paríasos fiscales, han revertido totalmente el camino de redistribución andado el siglo pasado, lo cual lleva a que, en el siglo XXI, el crecimiento del capital vuelva a ser superior al de la economía general. Por primera vez desde el siglo XIX. Este preocupante retroceso económico y social es la base de la argumentación de este espléndido libro, que ofrece  una alternativa para su resolución: la recuperación de políticas fiscales en tres vías. Por un lado, un impuesto global progresivo sobre el capital de hasta el 2% para los niveles superiores, un impuesto sobre la renta que recupere mayores tasas para los ingresos más altos y un impuesto sobre los mayores patrimonios. Como se observa, la clave es la progresividad. Es decir, gravar solo a los tramos superiores, que son los que se están beneficiando de la nueva tendencia económica, sobre la que los gobiernos no hacen nada, sino más bien alimentarla con bajadas de impuestos (haciendo creer que benefician a la gente trabajdora y clases medias, cuando en realidad es altamente rentable para las grandes fortunas). Hablamos de impuestos al capital, a las rentas y al patrimonio de millones de euros. Y recordemos que, en el siglo XX, en países como Reino Unido, Alemania y Francia, había tasas impositivas del 70-80% para los tramos más elevados de renta. Todo ello desapareció a partir del neoliberalismo de los 80 y 90, y posterior. Pero la consolidación del Estado de Bienestar (sanidad, educación, pensiones...) hace de obligado cumplimiento que recuperemos esas herramientas. La riqueza debe repartirse o este sistema caerá.

ECONOMÍA / ¿Qué significa el NO de Grecia?

El contundente NO de los griegos (más del 61%) en el referéndum celebrado ayer tiene varios significados. Directamente supone un rechazo frontal a las condiciones leoninas impuestas por la troika (compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) para "ayudar" a sacar de la crisis a Grecia. Implícitamente, la votación suponía la confrontación entre un órgano no electo, como es la troika -salvo la Comisión Europea, y de modo indirecto- y una decisión plenamente democrática como es una consulta popular. Subsiguientemente, esto tiene otra lectura: una grave deficiencia más de la construcción europea, que remite a órganos no democráticos para solucionar los problemas de sus Estados miembros. Porque nadie ha elegido a esa troika ni nadie ha opinado sobre cuál debe ser el sistema para ayudar a los países en caso de crisis. Ni, por supuesto, nadie ha dado a Alemania (ni a la canciller germana ni a su Parlamento Federal o Bundestag) el poder para liderar estas cuestiones, aunque Angela Merkel trate de simular pluralidad reuniéndose de vez en cuando con el inane de Hollande. El resultado se debe traducir, pues, como una negativa a una forma de hacer Europa. Pero hay otras. Solamente pregunten a la gente y se darán cuenta que los países en crisis no aceptan esa solución neoliberal que pasa por recortes generalizados, reducciones salariales, de derechos y, en conjunto, del Estado del Bienestar, privatización de servicios públicos, etc., con consecuencias de falta de crecimiento y aumento de las desigualdades. Sólo hay que fijarse en el caso de Estados Unidos (un país nada bolivariano, por cierto) para ver cómo ha logrado volver a crecer de forma rápida y consistente, así como reducir el paro a la mitad, causando menos daño a sus ciudadanos. Porque salvó a los bancos, sí, pero también inyectó dinero público a la economía. Incluso cuando el Estado de California entró en quiebra, no se dudó un segundo en rescatarlo, y no precisamente con las condiciones infames que la troika aplica a Grecia, Irlanda, Portugal, España... Otra forma de rescate es posible y ha funcionado en Estados Unidos desde el New Deal. En cuanto a Europa, su construcción a medias ha llevado a la creación de una moneda única y a una centralización de los tipos de interés (ya no potestad de los países miembros), pero, en cambio, las deudas pertenecen a los Estados. Justo lo contrario que con California. Por eso vamos al revés que Estados Unidos.

¿Y qué ha pasado exactamente en Grecia? Pues lo mismo que en otros países europeos: una crisis de deuda privada que se ha transformado en publica cuando el neoliberalismo reinante (ese tan favorable a lo privado) decidió socializar las pérdidas del sector financiero. Es un asunto bien conocido en España. El caso de Grecia se agravó porque Nueva Democracia (el PP heleno) mintió en las cuentas que presentaba a la Unión Europea en los primeros años del siglo XXI. Es decir, que su situación era aún peor, con una deuda que roza ya el 180%. Deuda, por cierto, contraída principalmente con bancos privados, sobre todo alemanes. Luego, el Estado germano (y el resto de Europa, al compás) se encargó de nacionalizar estas deudas y ahora dicen que son a los alemanes a quienes deben los griegos el dinero. ¡Vaya cara más dura! Grecia necesita una reforma estructural para funcionar mejor, eso no lo duda nadie. Pero cómo va a salir del agujero si se le dan 240.000 millones de euros en dos rescates con unos intereses que suponen pagos de 1.300 millones este mes, 3.000 el que viene... Y, encima, se permitió que los inversores especularan con su deuda pública en los años de la crisis de la prima de riesgo. ¿Qué es esto? Me recuerda aquellas operaciones de "salvamento" financiero que hacía el FMI en los años 90 en África. ¿Alguno de aquellos países solucionó sus problemas? No, aumentaron sus deudas hasta que en algunos casos tuvieron que ser parcialmente perdonadas. Es decir, que este sistema neoliberal vigente desde los años 80 NO FUNCIONA, salvo para los prestamistas, claro.

¿Y qué Europa queremos? Pues la deseada será la que tenga un sistema financiero común como un solo Estado y que opte más bien por políticas keynesianas de contrastada eficacia. O combinando ajustes racionales con incentivos económicos. Y, en todo caso, la que decidan TODOS los ciudadanos europeos. Y si no se estructura de esta manera, si se mantiene un tipo fijo de interés para toda Europa, con consecuncias distintas para la economía de cada país, sin asegurar la solidaridad de las deudas, nos volverá a pasar siempre lo mismo.

Y, ahora, ¿qué hacemos con Grecia? Pues lo que cualquiera sabe, lo que se está haciendo con muchas empresas importantes en crisis en España para que salgan adelante: perdonar parte de las deudas, aplazar y asegurar unos pagos razonables y dejar respirar a los griegos para que su nuevo Gobierno asuma, a diferencia de los pasados, las reformas estructurales adecuadas, junto con la inyección inversora necesaria para que su economía crezca y, por lo tanto, facilite que puedan devolver mejor el dinero debido. Tarea titánica, pero nada que no pueda hacer una cultura que es cuna de mayores heroicidades. El pueblo ha hablado en Grecia y esto es lo que desea, y no salir de Europa y sí seguir pagando impuestos justos (Grecia tiene un nivel de recaudación del 45,5% del PIB; más que España, con un 37,8%) para salir de la crisis y hacer un Estado mejor, una Europa mejor. Distinta y mejor.

LIBROS / "Hay vida después de la crisis" (2013), de José Carlos Díez

Ahora que algunos hablan tanto de que ya estamos saliendo de la crisis, que, por supuesto, fue causada por el malvado Zapatero y su Plan E, resulta diría yo que imprescindible consultar este perspicaz y certero análisis del economista José Carlos Díez, profesor del ICADE (es decir, nada sospechoso de ser un peligroso izquierdista anticapitalista). En "Hay vida después de la crisis" encontramos, con palabras comprensibles para cualquiera, una disección de los orígenes de la actual crisis que se abate sobre buena parte de las economías occidentales, primero en Estados Unidos y luego en Europa y, más específicamente, en España. Pero José Carlos también realiza comparativas históricas con épocas y situaciones similares para, a partir de ahí, ofrecer propuestas con el objetivo de paliar las consecuencias del desastre (ya que no se hizo caso de las señales de advertencia) y evitarlo en el futuro, al tiempo que critica la nefasta y evitable política "austericida" que se ha apoderado de Europa (que no de Estados Unidos) desde mayo de 2010 -y causado la (sub)crisis iniciada en agosto de 2011-. Por supuesto, el estado de nuestro país es motivo de un análisis más profundo (desde el crack bancario al inmobiliario, pasando por el fracaso de nuestro sistema fiscal) y, también, de la explicación de propuestas correctivas concretas. Porque, efectivamente, hay vida después de la crisis, pero se está saliendo de ella (y eso no está del todo claro) bastante peor de lo que se podría hacer.

ECONOMÍA / La espeluznante evolución del paro

El paro concluyó 2013 con una tasa del 26,03% en el último trimestre. Ésta es la espeluznante evolución que el desempleo ha seguido en los últimos siete años: 8,60% al final de 2007, 13,91% en 2008, 18,83% en 2009, 20,33% en 2010, 22,85% en 2011, 26,02% en 2012 y 26,03% en 2013. En términos de responsabilidad de los gobernantes, cuatro años de descontrol de paro han correspondido a Zapatero (del 8,60% de 2007 al 22,85% de 2011) y dos (de momento) a Rajoy (del 22,85% de 2011 al 26,03% de 2013). Y lo que queda... Porque probablemente no haya mucho más margen para que siga creciendo esa cifra (el tope lo marcó el primer trimestre de 2013, con el 27,16%) pero lo realmente grave es que los analistas coinciden en señalar que España convivirá durante bastante tiempo con altas tasas de desempleo (por encima del 20%), lo cual agravará aún más la situación de muchísimas personas (el 22% de los españoles ya vive por debajo del umbral de pobreza) y pondrá en muy serio peligro el llamado Estado de Bienestar. La "década perdida" que se estimaba hasta hace poco es bastante probable que, en cuestión de desempleo, dure unos veinte años. Si no conocemos bien las causas que nos han llevado hasta aquí corremos el peligro de tardar aún más en salir y de volver a repetir esta catastrófica situación en el futuro. Quien se contente con decir que la culpa de todo la tiene Zapatero y su Plan E, y que la reforma laboral de Rajoy es la solución a los problemas de empleo no sólo no tiene ni idea de lo que habla sino que se pone una venda en los ojos que le impide un análisis correcto de los hechos. Los descontroles de la burbuja financiera, de la gobernanza de bancos y cajas, de los productos financieros-trampa, de la corrupción política y empresarial... son los componentes más importantes de esta crisis. Y su explosión se ha derivado de la desidia (e incluso mala fe) de todos los gobernantes de la España reciente: Aznar, Zapatero y Rajoy. Una política económica, política y social muy diferente es lo único que nos sacará de esto. Y no las recetas de recortes sociales, despido barato y empleo precario que se están practicando desde 2010 hasta la fecha. Mientras tanto, tenemos que soportar más de 1,8 millones de hogares con todos los miembros en paro (700.000 sin ningún tipo de ingreso), más de 300.000 empleos indefinidos perdidos en 2013, más de 51.000 autónomos menos, etc., etc.

ECONOMÍA / Las dos tragedias de Bangladesh: más de 1.100 muertos

El derrumbe el pasado 24 de abril de la fábrica textil Rana Plaza ha dejado en evidencia dos cuestiones. Una más aparente y terrible, que es la muerte de más de 1.100 personas, de las cerca de 5.000 que se encontraban en ese momento trabajando, debido a las pésimas condiciones del edificio. Y otra detrás e igualmente terrible: las miserables condiciones laborales (es un decir) a que se ven sometidos los trabajadores, con salarios paupérrimos (desde 30 dólares mensuales) y jornadas extenuantes en un ambiente deplorable. De la primera tragedia se ha beneficiado hasta ahora el propietario del Rana Plaza, Mohammed Sohel Rana (ya detenido), al no invertir ni siquiera un mínimo decente para el mantenimiento de las instalaciones. De la segunda tragedia se han visto beneficiadas en muchísima mayor medida las cadenas de ropa que venden caras las prendas eloboradas a precio de saldo en fábricas como Rana Plaza, en un sistema que no puede sino denominarse apropiadamente multinacional del esclavismo. La española El Corte Inglés, la británica Primark, la canadiense Loblaw y la danesa Group PWT ya han reconocido que compraban ropa en Rana Plaza, pero todos sabemos que es una sucia y generalizada práctica.

¿Y qué hacemos? ¿Compramos menos ropa? Comprar sólo lo justo siempre es una buena idea. ¿Miramos la etiqueta para ver dónde se fabrican las cosas? Si ya todas las empresas textiles están deslocalizadas en países pobres. Y tampoco es plan de dejar de hacer negocio con economías más frágiles que la nuestra. No. La solución debe ser otra. Debe ir en la línea de establecer mayores salarios mínimos en todo el mundo (y más cuantiosos aún en el caso de empleados de multinacionales extranjeras), de modo que las empresas no jueguen con el factor de la mano de obra semiesclava. No es justo para nadie, ni para los trabajadores de Bangladesh ni para los trabajadores de España, ni para los consumidores de ninguna parte. Los salarios fluctúan en función de cada país y su nivel de vida, pero hay que limitar esas variaciones para abandonar las actuales cotas de explotación laboral.

LIBROS / "El Atlas Financiero: la estafa del siglo" (2012)

La edición española del prestigioso Le Monde Diplomatique ha publicado en diciembre de 2012 (con mucha información actualizada y visualmente muy bien presentada) un imprescindible análisis acerca de la denominada crisis económica que está sufriendo el capitalismo avanzado y que sus autores concluyen no es más que una verdadera estafa perpetrada por los distintos resortes de poder del sistema. El estudio es muy amplio y ambicioso, y comprende cinco grandes bloques (a su vez subdivididos en didácticos y aleccionadores artículos temáticos): "Características de la crisis" (10 entradas), "Anatomía del crac" (7), "El papel de la banca" (19), "La era del parasitismo" (11) y "Soluciones para salir de la crisis" (9). Se trata de un documento absolutamente clave para comprender lo que está ocurriendo y poder así formarse una opinión más exacta de nuestra situación, sus consecuencias y las posibles alternativas para encauzar los problemas. Que no son pocos y que se enmarcan en un momento histórico totalmente crucial para definir por dónde va a evolucionar nuestra sociedad en el futuro.

ECONOMÍA / Crisis económica: análisis y solución

¿Qué ha pasado?

A estas alturas de la crisis económica (2008-?) parece claro que la culpa no fue de Zapatero. Pocas personas pueden vanagloriarse de haber predicho con suficiente antelación la enorme catástrofe que se avecinaba en los países de economía capitalista desarrollada. Menos aún los políticos, en su mayor parte meros gestores aficionados a estadistas (en algunos casos, aceleradores del proceso; en otros, directamente aprovechados). La crisis actual es de una complejidad enorme y atañe, por un lado, a la desregulación del sistema económico, que permitió el auge de productos derivados y otros productos tóxicos que embaucaron a mucha gente y a su dinero (fue causa de la primera parte de la crisis en Estados Unidos y en España se está viviendo con las preferentes, por ejemplo). Por otro lado, la burbuja inmobiliaria (existente tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos, como -por este orden- Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Francia y España) ha dejado atrapada a mucha gente con créditos imprudentes sobre precios irrealmente elevadísimos, al tiempo que ha lastrado a muchas entidades financieras con relativamente altas tasas de morosidad. A su vez, una de las principales causas de la burbuja (y del recalentamiento de la economía) fueron los tipos de interés bajos fomentados por el Banco Central Europeo (y sobre los que, recordémoslo, los países de la Unión Europea no tienen control), principalmente por conveniencia de una Alemania que necesitaba dinero barato para su reunificación. Pero vino bien a todos: a las personas para comprar viviendas (esa tradicional costumbre española) y a las empresas para generar operaciones apalancadas.Y a los Gobiernos (central, autonómico y municipal) para recaudar a espuertas con tanto movimiento económico. Pero nos pasamos de frenada, la gente (la clase alta y no tan alta) pasó de comprar viviendas para uso habitual a especular con ellas a corto plazo, las compañías empezaron a sobreendeudarse y las Administraciones miraron para otro lado. Todos (los listillos) sacaron tajada. Así, cuando todo colapsó nos encontramos con la desaparición del sector inmobiliario (sólo la inversión residencial llegó a suponer el 9,2% del PIB en 2007), con lo que supuso de paralización de la actividad económica, desempleo masivo y cese de pagos a las Administraciones (ni por actividad, ni por licencias, ni por impuestos de sociedades ni por IRPF), disparando al tiempo los gastos sociales por todo el paro que empezaba a crecer. Por tanto, la caída de la construcción provocó un efecto de arrastre en la producción nacional, en las cuentas del Estado y en el tejido social del país. Desde ese momento, se empezó a desbocar la deuda pública. Lo que faltaba, porque la deuda pricada ya se había puesto por las nubes de tantas empresas que se habían apalancado y de tantas personas que se habían hipotecado. La deuda pública en España siempre fue moderada, pero ciertamente en los años de bonanza fue baja, muy baja en comparación con nuestro entorno. Digamos que lo contrario de Alemania, que incumplió 14 veces los criterios de Maastricht (claro que a ellos nunca se les penalizó por aquello ni fueron públicamente humillados). En concreto, la deuda pública española era del 36,2% en 2007 y se empezó a disparar sencillamente porque cayeron los ingresos y aumentaron los gastos de forma drástica y rápida.

A ello se sumó pronto la crisis financiera, cuando se desveló la infame gestión de cajas y bancos, que concedieron un exceso de créditos de difícil cobro (o a instancias de presiones políticas, en el caso de muchas cajas), incumpliendo cualquier principio racional de prudencia. Varias entidades se nacionalizaron (con el consiguiente sobrecoste de dinero público), algunas simplemente colapsaron (y fueron regaladas tras ser "salvadas"), pero la mayor parte inició una equivocada senda de concentraciones que no hizo sino extender la toxicidad por todo el sistema. Total, el entramado financiero quedó embotado, sin posibilidad de seguir ofreciendo siquiera los necesarios créditos para la marcha de las empresas generadores de actividad de este país. Por ello, a las muchas compañías que ya estaban cayendo por su pertenencia o relación el sector inmobiliario, ahora se unían todas las demás que no podían obtener financiación para su mantenimiento. Resultado: más batacazo del PIB, más desempleo y más descuadre de las cuentas públicas (del superávit del 2,4% en 2006 y del 1,9% en 2007 a los déficits del 4,5% en 2008, 11,2% en 2009, 9,7% en 2010, 9,4% en 2011 y 10,6% en 2012; y la deuda pasa del citado 36,2% de 2007 al 69,3% de 2011, al 88,4% de 2012 y al 90,5% previsto para 2013). El desfase se acrecentó porque se tomó la decisión (tanto por parte de PSOE como de PP) de utilizar dinero público para restacar al sistema bancario, incluyendo aquellos de nefasta gestión: más de 60.000 M€ entre 2010 y 2012 para todo el sistema financiero, a los que hay que sumar los 40.000 M€ pedidos prestados a Europa (a cambio de recortes generales del gasto, es decir, la austeridad, que es la -errónea- política que tomado la Unión Europea para afrontar esta crisis).

Ante el desbarajuste de las cuentas, con déficit y deuda crecientes, deuda privada por las nubes y nulas perspectivas de crecimiento, se originó la siguiente fase: la crisis de la deuda soberana. Es decir, los prestamistas internacionales nos empezaron a considerar un país de riesgo y exigieron mayores tipos de interés para seguir dejándonos dinero. Y la Unión Europea, en un nuevo alarde hacer bien las cosas, nos dejó solos ante la prima de riesgo (comparación con el -bajo- riesgo de Alemania) en lugar de asumir la deuda como el conjunto de países con moneda única que somos. Por tanto, durante los últimos años, España se ha estado financiando con tasas sobreelevadas con respecto al riesgo real que indicaban sus (todavía salvables) cuentas, de modo que ya en los Presupuestos de 2013 se contempla el pago de 38.589,55 M€ en intereses (frente a los 28.841 M€ de 2012) y subiendo... A este panorama desolador se ha sumado un nuevo error: la austeridad como forma de atacar la situación de crisis. Y es que si no se comprenden el origen y las causas de nuestra situación, y no se aprende de las lecciones de historia económica, las cosas van a ir a peor. Eso es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos tiempos, a raíz de las decisiones del último periodo del Gobierno de Zapatero y del actual Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes de gasto lo único que han provocado ha sido un mayor hundimiento de nuestra economía, abocada a prolongar la recesión y a padecer cifras astronómicas de paro durante demasiado tiempo. Si a un sector privado maniatado (sin créditos para crecer y sin demanda que consuma) se le suma un sector público que no gasta, ¿quién tirará del carro? Y eso nos lleva a la cuestión de qué hacer. Pero antes...

¿Qué se debería haber hecho?

A toro pasado, hay una serie de medidas que habrían causado menor sufrimiento al conjunto de la población y que hubieran proporcionado las condiciones para una recuperación más rápida. Frente a los productos tóxicos y, en general, la mala gestión de las entidades financieras, se debería haber dejado caer a los peores cajas y bancos, asumiendo el Estado únicamente la devolución de los ahorros por debajo de 100.000 €, así como poniendo mucho antes en los balances los precios reales de los devaluados inmuebles. El coste de esta decisión hubiera sido monetariamente inferior al "rescate" bancario (no hubiera ni requerido de préstamos a la Unión Europea), por no hablar de que moralmente habría sido una solución más justa para el conjunto de la población (incluyendo castigos ejemplares para los malos gestores), y se habrían puesto más rápidamente las bases para que la banca siguiera inyectando dinero al mercado. ¿Los contras? Básicamente, hubiera creado desconfianza en los prestamistas internacionales. Justamente lo que pasó de todas formas con el camino más doloroso que se tomó. Y posiblemente hubiera fluido antes el crédito mundial y con menores tipos de interés. Asimismo, si el mercado inmobiliario hubiera asumido antes el recorte de su valor, el parque de viviendas vacías podría estar ahora mismo ocupado, a precios justos y apropiados, pero por lo menos ocupado y pagando sus impuestos. Y si en vez de pura y dura austeridad se hubieran desarrollado medidas incentivadoras del crecimiento económico (al tiempo que se racionalizaban los gastos, lógicamente) y si se hubiera puesto el acento en la persecución del fraude fiscal y de las cargas impositivas más proporcionales... Todo ello, en fin, forma parte del "¿qué hacer?", porque aún estamos a tiempo...

¿Qué hacer ahora?

Conocido es que los jerifaltes europeos denostan las políticas de crecimiento porque suponen más déficit y endeudamiento. Cierto, pero la economía necesita inyección inversora y alguien tiene que hacerlo, ya que no bancos, ni empresas, ni particulares. Y sería un endeudamiento temporal, dado que la adecuada motivación de la economía lograría retomar el crecimiento de empresas, la generación de empleo y el consumo de particulares, que volverían a pagar impuestos, lo que acabaría reduciendo las tasas de déficit y deuda a medio plazo. Es el camino que ha tomado Estados Unidos con resultados satisfactorios, por mucho que el Partido Republicano trate de instaurar la polítca de austeridad europea. Desde luego, la solución no son los recortes, que nos alejan de toda posibilidad de crecimiento y, como se ve, acaba elevando tanto déficit como deuda debido a que la economía no funciona y va hacia el colapso. La prueba la tenemos delante de nuestras narices: las autonomías que más han recortado son las que menos están creciendo: véase Castilla-La Mancha, auténtico laboratorio de pruebas de la teoría de la austeridad, que redujo su déficit del 7,9% en 2011 al 1,5% en 2012 a costa de desplomar su PIB un 3% el pasado año (frente a la media nacional del -1,4%) y sobrepasar la indignante barrera del 30% de paro. Un ejemplo más de los efectos de la austeridad. Pero no el único caso, desde luego. A nivel europeo se puede observar una clara relación directa entre esfuerzo presupuestario (reducción del déficit) y aumento de la tasa de paro: con Grecia, España, Portugal e Irlanda como principales damnificadas. Los países intervenidos son los que no se están recuperando.

Porque, vamos a ver, la economía, ¿para qué sirve? ¿Para cuadrar unos imputs y outputs sobre el papel o para intentar proporcionar bienestar a la ciudadanía? Si la respuesta es lo segundo, queda claro entonces lo que no hay que hacer. Y lo que se deben poner en marcha son ya medidas de estímulo del crecimiento (planes públicos de actividad económica y creación de empleo en conjunción con las empresas privadas de los principales sectores y de esos otros que deben ser estratégicos en el futuro), incluyendo la recuperación de la capacidad industrial que se ha ido perdiendo estos últimos años con las deslocalizaciones (apostando por mano de obra cualificada), fomento de la inyección crediticia a las empresas y emprendedores, persecución implacable del fraude fiscal para conformar un esquema económico más justo, recuperación y creación de impuestos para clases altas, fortunas patrimoniales, transacciones financieras de alto nivel, etc. que detraigan del exceso de capital lo que la clase media dinamizadora requiere para volver a crear tejido empresarial sano y lo que la sociedad entera necesita para volver a fomentar la educación pública (pilar fundamenteal de cara al futuro) y la sanidad pública (básica para el Estado del Bienestar). Ah, y de paso cargarse la reforma laboral que, como se ha visto, no sólo no crea empleo sino que precariza aún más la situación de los más débiles. Pero hay un gran impedimento para llevar a cabo esta política que, insisto, es una alternativa viable... Y ese impedimento se llama Unión Europea. Esto lo veremos en un próximo capítulo...

Galería de cifras (Fuentes: Le Monde Diplomatique y El País):

ECONOMÍA / Nick Hanauer: "los ricos no crean empleo"

Aquí tenéis un documento histórico: el discurso censurado en el que Nick Hanauer, emprendedor en el campo de las compañías tecnológicas y uno de los primeros inversores de Amazon, echa por tierra el mito de que los ricos crean empleo y por eso merecen menos impuestos. Nada más lejos de la realidad. Nos lo explica así:

ECONOMÍA / El paro en España rebasa el 26% al término de 2012

Sin palabras...

Vía El País

ECONOMÍA / "The Great Spanish Crash", el reportaje de la BBC sobre la crisis española

El famoso reportaje de la BBC sobre la crisis española que tanto ha molestado a los Gobiernos de España y de la Comunidad Valenciana. "The Great Spanish Crash" es un análisis bastante interesante y correcto en líneas generales de por qué ha colapsado el sistema económico español.

14-N: La primera huelga internacional del siglo XXI

España, Portugal, Bélgica, Malta y Chipre (con paros parciales en Grecia, Francia e Italia) llevan a cabo hoy la primera huelga europea e internacional del siglo XXI, porque el ataque contra el Estado del Bienestar es generalizado en el Viejo Continente pero, al mismo tiempo, no podemos elegir democráticamente otra forma de solucionar la crisis. Y hay alternativa.

Éstas son algunas de las razones para esta huelga.

Sigue aquí la jornada en directo.

Comprueba el seguimiento de la huelga, según EFC.

Únete a alguna de las manifestaciones de hoy.

LIBROS / "Acabad ya con esta crisis" (2012), de Paul Krugman

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman expone en este libro sus ideas sobre la actual crisis económica, sus causas, sus consecuencias y su posible solución, ciñéndose especialmente al caso de su país, Estados Unidos, pero ampliando su explicación a los países de la Zona Euro. Como buen keynesiano, Krugman argumenta una política económica alternativa a la que actualmente se lleva a cabo en Europa (bajo los auspicios de la conservadora alemana Angela Merkel) y por parte del opositor Partido Republicano (que controla el Congreso) en Estados Unidos. Y, como desgraciadamente todos conocemos, esa política económica actualmente dominante aboga por los recortes presupuestarios del Estado como única salida de la crisis, ya que considera que ésta ha sido provocada por el exceso de gasto público en los años previos. El economista estadounidense considera, por el contrario, que la razón de la crisis se encuentra principalmente en la burbuja inmobiliaria producida tanto en su país como en Europa (y especialmente en España) y en la desregulación financiera que ha provocado una alta inestabilidad en el sistema. Por tanto, la medida que Krugman propone para salir de la crisis es que, dado que el gasto privado se ha contraído por el desempleo y el parón del consumo, sea el gasto público el que lo sustituya. Más gasto público, por tanto, para introducir crecimiento en la economía en un momento en el que la parte privada está hundida debido a su descontrolado crecimiento previo. Una solución que, aunque a medio gas, se está realizando en los Estados Unidos con relativo éxito y es diametralmente opuesta a la que se está practicando en Europa.

Pero, se puede preguntar, ¿si se gasta más dinero público no crecerá entonces el déficit y, por lo tanto, la deuda? La respuesta de Krugman es sí, pero es mejor mantener el dinamismo de la economía con endeudamiento provisional público que dejar que se paralice y ahogue con los recortes del gasto que, además de impedir el crecimiento, acelera la destrucción de empleo y deteriora las redes básicas sociales de los ciudadanos, como la sanidad y la educación. Un endeudamiento que, al permitir al sector privado que se recupere, acabará por reducirse por sí mismo con el aumento de los ingresos privados y, por lo tanto, de los impuestos. Las medidas concretas de aumento de gasto social no tendrían ni siquiera que ser nuevas, según Krugman, sino que, tal y como está la situación en Europa, bastaría con volver a recuperar los niveles de gasto social precrisis en sanidad, educación, la tan necesitada I+D e infraestructuras para volver a crear tejido empresarial, empleo y crecimiento. ¿Y los "mercados" no nos penalizarán por sobrepasar los déficits y niveles de deuda? No, argumenta Krugman, pues lo que penalizan esos "mercados", como cualquier prestamista, es la incertidumbre y la falta de perspectivas de crecimiento para que les devolvamos los créditos durante los próximos años y décadas. Prueba de ello es que, con la actual política económica de recortes ya nos están castigando, con unos ratio de prima de riesgo que no bajan de 400-450 puntos este año, en el caso de España. Por tanto, que se intente ya. Eso sí, debe tratarse de un acuerdo conjunto a nivel europeo, ya que la política monetaria está bajo control supranacional. Por tanto, hace falta un cambio político en buena parte de Europa o, al menos en sus países centrales todavía bajo dominio de la idea de los recortes: Alemania, España e Italia. O, mejor aún, que se reforme cuanto antes la Unión para que podamos por fin votar directamente al Gobierno Europeo y decidir entre un partido que proponga recortes u otro que proponga aumento del gasto. Como en Estados Unidos. Y ya sabemos quíén ha ganado allí. El problema es que siguen deteriorándose las condiciones de vida de muchos ciudadanos europeos, demasiados, así que ¡hace falta una solución ya!

LIBROS / "Un viaje por la economía de nuestro tiempo" (1994), de John Kenneth Galbraith

En estos tiempos de profunda crisis e incertidumbre porque se nos dicen "brillantes" frases como que "el Estado ha gastado lo que no tenía y por eso estamos así", os recomiendo fervientemente la lectura de este estupendo y aleccionador libro del economista canadiense John Kenneth Galbraith, en el que hace un repaso precisamente a la evolución de la economía (básicamente estadounidense y europea) a lo largo del siglo XX. De este viaje muy bien explicado se deduce rápidamente que las grandes crisis que han acontecido en los últimos 100 años han sido generadas por ciertas políticas económicas liberalizadoras y desreguladoras que han producido una burbuja que, a su vez, al estallar se ha llevado por delante el bienestar económico de buena parte de la población (no el de los más ricos, claro). Siempre ha sido así. Da lo mismo que hablemos de "el auge de las propiedades de Florida producido en la década de 1920" o el de los años 80 en Estados Unidos o el de la primera década del siglo XXI en España. El resultado es idéntico: "tras el colapso de dicha especulación, ya que todos los episodios especulativos llevan al colapso, quedaron los restos del naufragio económico: edificios de oficinas vacíos, una industria de la construcción desocupada, bancos repletos de errores colaterales recién descubiertos y una aguda restricción en cuanto a nuevos préstamos bancarios". ¿Os suena de algo?

Es importantísimo conocer la historia para no repetirla, pero... A veces parece que el hombre es el único animal que tropieza dos (o muchas más) veces con la misma piedra. ¿O acaso obedecen esas reiteradas caídas a los perpetuos movimientos de los especuladores por su afán de ganar más y más dinero, con la venia de los políticos correspondientes? ¿Incluso quizá se trata de un fallo sistémico de la economía capitalista que habrá que intentar reparar en beneficio de la mayoría? Un tema a reflexionar. Y, desde luego, que no nos vengan con las milongas de que la culpa la tienen las instituciones públicas. La responsabilidad principal está en el ámbito privado y sólo los políticos cómplices de ideario liberalizador pueden ser acusados de colaboradores necesarios. Pero una (evidentemente sabia y ponderada) intervención pública es necesaria para la estabilidad del sistema económico.

Como keynesiano de pro, J. K. Galbraith, lógicamente ensalzando a su maestro John Maynard Keynes, defiende la necesidad de que el Estado intervenga en la economía precisamente en los tiempos de crisis. Como hizo el Gobierno de Franklin D. Roosevelt (demócrata) en los años 30 para sacar a Estados Unidos de la depresión (y recesión) iniciada en 1929. Recordemos que el por aquel entonces presidente estadounidense, Herbert Hoover (republicano) abogó por la reducción del déficit y la bajada de impuestos como receta típica liberal-conservadora. El resultado: más recesión y más paro, cuya tasa llegó al 30%. Roosevelt y Keynes tuvieron que crear el New Deal, es decir, la intervención económica del Estado, para poder reactivar la economía y ayudar a los desfavorecidos con subsidios de desempleo. Gasto público, sí, que es lo único que puede salvar a un país cuando los bancos no prestan, las empresas no venden y los consumidores no compran. Una intervención necesaria porque, como advierte Galbraith parafraseando a Keynes, "la depresión no es por naturaleza una cosa temporal, no es una manifestación del ciclo comercial que se puede corregir por sí sola", el crecimiento puede no volver si no se aplican las correspondientes medidas. No es gastar lo que no se tiene, es invertir en el país de todos, con la contribución justa y proporcional de los ciudadanos en base a su renta y patrimonio (en los Estados Unidos de los años 50, el tipo marginal máximo para los ricos era del 92%, repito, 92% de sus rentas) para volver a sacar adelante la economía y cuidar de que no nos vuelva a pasar lo mismo.

29-M, Huelga General

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Servicios mínimos por comunidades autónomas.

Lee el texto completo de la reforma laboral contra la que se protesta.

Lee los efectos de la reforma laboral sobre los derechos de los trabajadores.

ECONOMÍA / ¿Cómo afrontar la crisis de la deuda?

España y Europa están atravesando una dura crisis de deuda que está atenazando nuestro crecimiento y, por lo tanto, generando paro y deteriorando nuestras condiciones de vida. ¿Y cuál es la solución que proponen los neoliberales-conservadores actualmente en el poder en buena parte del Viejo Continente? Reducir gasto público cargándose poco a poco el Estado del Bienestar, ese sistema que mejora el viejo, injusto y esclavista capitalismo del siglo XIX con medidas sociales y redistributivas propias del pensamiento socialista y comunista, creando un pacto de equilibrio entre empresarios y trabajadores. Y ese equilibrio es el que están rompiendo ahora esos gobernantes neoliberales-conservadores (ver nuestra la reforma laboral del PP) con la excusa de la crisis de la deuda, en coordinación con eso que llaman "los mercados": el movimiento elitista especulativo financiero que supone la reedición del viejo capitalismo en formas mucho más poderosas y que pasan por encima de la democracia (véanse los casos de Grecia o Italia -con Gobiernos decididos desde fuera-, pero piénsese el porqué, mande uno u otro partido mayoritario, la política económica viene a ser la misma, aunque en el caso socialdemócrata haya claramente más reticencias).

Pero no nos salgamos del tema. Conocemos la estrategia de los neoliberales-conservadores para salir de la crisis rompiendo el Estado del Bienestar para crear unas condiciones más favorables para los poderosos y una aceptación más sumisa por parte del resto de la sociedad. Pero no se han valorado alternativas para salir de esta situación. Y para ello hay que buscar en los orígenes de la actual crisis. ¿Son causantes de la misma el gasto en Sanidad y Educación o los sueldos? Veamos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario total (público + privado) en España fue, en 2005 y en relación al PIB, del 8,3% (5,9% la parte pública y 2,4% la privada); en 2006, del 8,4% (6% y 2,4%); y en 2007, del 8,5% (6,1% y 2,4%). Es decir, vemos un aumento progresivo, aunque moderado del gasto público sanitario, que iba paralelo con el crecimiento del país y que, aun así, nos coloca en una situación media-baja con respecto al resto de países europeos: Francia (11% en 2007), Alemania (10,4%), Bélgica (10,2%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,8%), Países Bajos (9,8%), etc. Lógicamente, al decrecer la economía española con la crisis y caer el PIB, el gasto sanitario habría aumentado más porcentualmente que nominalmente en los últimos años. El dato de 2008 -último confirmado- fue del 8,9% (6,5% y 2,4%). En cuanto al gasto público total en educación, la evolución ha ido del 4,35% en el año 2000 al 5,09% en 2007 (último dato disponible en el INE). Nuevamente, por debajo de buena parte de los países de la UE, como Dinamarca (7,98%), Suecia (6,85%), Finlandia (6,14%), Bélgica (6%), Francia (5,58%) o Reno Unido (5,48%). En salarios, ¿qué decir? Bien es sabido que los precios han subido el triple que los sueldos desde que se implantó el euro, en 2002. En concreto, la cesta de la compra aumentó un 48%, mientras que los salarios lo hicieron un 14%. Al mismo tiempo, los beneficios empresariales han seguido aumentando y, por primera vez en la historia de España, superan a los salarios en su peso en la renta nacional. Así, según los datos del cuarto trimestre de 2011, el beneficio empresarial copa el 46,2% (frente al 41% de principios de los 80), los salarios se quedan en el 46% (frente al 53% de principios de los 80) y los impuestos a la producción se quedan con el restante 7,8% (frente al 6% de principios de los 80 y el 10% de mediados de la pasada década).

Gasto público (% del PIB en 2010)
Fuente: Eurostat
Por tanto, hemos observado que, lejos de ser los causantes de esta crisis, sanidad, educación y sueldos están siendo las principales víctimas de la misma cuando aún no habían llegado siquiera a equipararse con los países europeos de nuestro entorno. Las causas de la crisis en España son bien conocidas: enorme descontrol del gasto privado, tanto de familias endeudadas por las hipotecas sobre inmuebles y créditos al consumo como, especialmente, de empresas apalancadas, mal gestionadas y que han dejado tremendos agujeros contables; y, en mucha menor medida, despilfarros en las distintas administraciones públicas, sobre todo comunidades autónomas y ayuntamientos. Los últimos datos de 2010 indican que la deuda privada ascendía nada menos que a 2,6 billones de euros, de los que 1,7 billones corresponde a las empresas y 0,9 billones a las familias. Y esto teniendo en cuenta que el PIB español, lo que produce la economía española cada año, es aproximadamente de 1,1 billones. Por su parte, la deuda de las instituciones financieras se situaba en los 0,86 billones y la del conjunto de las administraciones públicas no llegaba a 0,59 billones. Entonces, ¿por qué tanto empeño en echar la culpa a lo público, cuando está gestionando un gasto más que razonable y tiene una deuda mucho más ajustada que la de empresas y familias? ¿Quién está interesado en no culpabilizar a las empresas y a las familias? ¿Acaso criticar a las empresas es atacar al establishment financiero y resta votos de empresarios y autónomos? ¿Acaso criticar a las familias es, nuevamente, perder votos? Las respuestas son evidentes.

La salida de la crisis, tras los avisos de ciertos economistas (Paul Krugman, principalmente) y políticos (en IU, mayormente) con sentido común, la están empezando a vislumbrar los partidos socialdemócratas en Francia, primero, donde parece que desbancarán del poder a Sarkozy el mes que viene, y, luego, en Alemania, Italia y (esperemos) en España. Y esa salida debe venir no por el recorte del gasto público sino por el del aumento de los ingresos públicos. Y, lo que es más importante, no ha de santificarse la reducción drástica del déficit si no existen condiciones para el crecimiento.

Ingresos fiscales (% del PIB en 2010)
Fuente: Eurostat
El Gobierno pretende recortar 30.000 millones de euros en los presupuestos de este año para ajustarse al mandato neoliberal de la UE de bajar el déficit del 8,5% de 2011 al 5,3% en 2012 (4,4% era el plan inicial para llegar en 2013 al 3% requerido por la UE). Pues bien, ¿debe recortarse el gasto público siguiendo estas pautas cuando no hay crecimiento productivo, el paro crece de forma galopante y están en peligro las bases del Estado de Bienestar que, como hemos visto, no tiene culpa alguna de la crisis? Esta es la pregunta clave. Pero para tomar otro camino habrá que cambiar el signo político de los principales Gobiernos europeos y modificar así la estrategia de recortes públicos por otra que combine la reactivación económica con los necesarios controles en la economía (pública y privada). Analicemos la historia y sigamos el ejemplo de Roosevelt y no de Reagan. Mientras tanto, reparemos las dañadas cuentas públicas con nuevos ingresos que restablezcan la justicia fiscal en la economía española.

Por un lado, se calcula que en España existe un 25% de economía sumergida, esa que no paga impuestos ni cotiza por sus trabajadores, a los que ofrece sueldos de subsistencia. Un 25% son nada menos que 275.000 millones de euros. Entremos a saco ahí. ¿Con qué recursos? Hagamos una movilización masiva de funcionarios sobrantes de algunas admninistraciones (diputaciones provinciales, por ejemplo) para aumentar los inspectores que acaben con la economía que no declara ni rinde cuentas. Esta es la tarea descomunal que hay que asumir y ahora es el momento. Nos proporcionará ingresos para todos.

Por otro lado, cambiemos la fiscalidad haciendo que las rentas del capital paguen más que las rentas del trabajo. Ahora mismo, la recaudación del Estado se reparte principalmente de la siguiente manera: de un total de 161.760 millones de euros de 2011, el 43% provino del IRPF (es decir, de los trabajadores -tanto curritos como directivos-), el 30,5% llegó del IVA (impuestos indirectos que penalizan a todos los consumidores por igual, sean pobres o ricos), el 11,7% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, gasolinas..., nuevamente tasan sin tener en cuenta la renta) y solo el 10,3% llegó del impuesto de sociedades. ¿Es esto el mundo al revés? ¿El trabajador paga más que el empresario? Así están las cosas. Cambiemos, pues, la dinámica para tasar las actividades empresariales en mayor medida y, por encima de todo -se sea de una u otra condición-, que el que más tenga más pague. Se trata de un punto innegociable si queremos montar una sociedad justa y próspera. Las tasas sobre la banca y las transacciones financieras, o sobre entidades hasta ahora impunes, como la Iglesia, y la reducción del presupuesto de Defensa, cuya deuda asciende a 25.000 millones de euros, son otras vías. ¿Más ideas?

SOCIEDAD / Huir de España

Últimamente, en mi entorno, he encontrado a varias personas que han tomado la decisión o están pensando en emigrar, salir de España, huir de un país que desgraciadamente ofrece pocas perspectivas. Un país que se sumergió en un boom de riqueza fácil asentada en bases de barro y que ahora la paga con los más débiles. Cinco millones de parados es la consecuencia más palpable. Un millón y medio de hogares sin un solo empleo. Mientras tanto, las grandes corporaciones financieras, que prestaron dinero barato, animaron a la gente a hipotecarse y se han repartido jugosas primas y planes de pensiones, se van de rositas y reciben dinero público. Los promotores inmobiliarios se han forrado con la venta de pisos a precios obscenos, mediante la colaboración de los políticos -especialmente locales y autonómicos, y ante la pasividad de los nacionales-, en un enorme pelotazo.

Mientras tanto, desde que se puso en circulación el euro, el coste de la vida se ha disparado un 48%, mientras que los salarios apenas han avanzado un 14%. Y ahora, Rajoy propone como una de sus primeras medidas congelar el salario mínimo (ése que desde su creación en 1980 no había dejado de crecer, sobre todo en los primeros años y entre 2004 y 2009), pero, eso sí, las pensiones que reciban unas migajas (suben un 1% en 2012) sin distinguir entre las jubilaciones mínimas (600 euros/mes) o máximas (2.500 euros/mes). Y ya se está pergeñando entre el Gobierno del PP y la patronal CEOE una reforma laboral que va a lo de siempre: a rebajar las indemnizaciones por despido. Como si este coste hubiera sido un impedimento para que los empresarios hayan despedido a más de tres millones de personas en los últimos cuatro años... Y llega el deterioro de los servicios públicos, como la sanidad en Cataluña, donde se pagará por cada receta lo mismo si eres pobre o rico, enfermo crónico o sano, y en Baleares, con la tasa por tarjeta sanitaria, también la misma independientemente de la situación socioeconómica de cada cual... Repago injusto, que no copago, porque la Sanidad ya se paga de nuestros impuestos.

Visto el panorama de deterioro económico y de injusticia social, es normal que cada vez más gente trate de buscarse las habichuelas en otros países donde se pueda prosperar. No será fácil. Ya hemos conocido lo mal que lo han pasado los inmigrantes en nuestro país y lo mal que nos hemos portado con ellos muchas veces. Ahora, como en los años sesenta, volvemos a hacer las maletas. Porque nuestro propio país nos echa.

ECONOMÍA / 5 millones: el drama del paro en España

Con un 21,29% de paro (4.910.200 personas) en el primer trimestre de 2011 y una tendencia todavía desgraciadamente creciente, España vuelve a repetir el periodo más negro de nuestra historia para el empleo: los años que abarcan 1993 a 1997, en los que siempre se superó el 20% de paro, con un pico del 24,55% en el primer trimestre de 1994. El pasado año ya rebasamos la línea del 20% y en 2011 seguimos abriendo esa vergonzosa brecha, especialmente cruel con los jóvenes, con un 45% de desempleo juvenil (otro récord equiparable a 1994) y casi 1,4 millones de hogares sin ninguna persona ocupada. Un drama. Y la pregunta es por qué el paro crece tantísimo en España cuando hay una crisis que afecta también a otros países. Ocurrió en los años noventa y vuelve a ocurrir ahora. No me valen respuestas demagógicas destinadas meramente a conquistar el poder político: es culpa del Gobierno. No cuela. ¿De verdad alguien se cree que la acción del Ejecutivo está detrás de todos y cada uno de los despidos que ha habido en España desde 2008? Recordemos que es el mismo con el que se alcanzó el récord histórico de mínimo paro: 7,95% en el segundo trimestre de 2007. Como mucho habrá que endosarle la culpa de no reaccionar a tiempo, de firmar una negativa reforma laboral y de no corregir los (muchos) defectos del sistema económico.

¿No habrá que plantearse cuestiones más serias y profundas? Como que la responsabilidad es de un sistema que permite burbujas inmobiliarias y financieras al mismo tiempo. O de esa parte del empresariado que monta empresas como si fueran chiringuitos a medida del pelotazo que, una vez que vienen mal dadas, son desmontadas con rapidez sin pensar en crear empleo o un tejido empresarial estable y productivo para la sociedad (junto con la legítima búsqueda de su propio beneficio). Hablemos, por tanto, de causas sistémicas. Ahí está la respuesta correcta para impedir en el futuro que los trabajadores paguen los platos rotos de los vaivenes de la economía.

ECONOMÍA / Telefónica, ¡bonito ejemplo!

Casos como los de Telefónica son paradigmáticos de cómo sufrimos la crisis en España: con mucho más paro que en cualquier otro lado. Y es que la prioridad de nuestras empresas pasa por el despido y la reducción de salarios, aun en situación de beneficios. Así se explica que Teléfonica, con ganancias de 10.167 M de euros el pasado año, un récord absoluto e histórico entre las compañías españolas, quiera reducir un 20% su plantilla, mandar a 6.400 personas a la calle. Y, además, a costa del contribuyente, es decir, enviando a la gente al paro y mediante prejubilaciones a cargo de las arcas públicas. ¿La excusa? Que sus filiales españolas han ganado menos. Sí, Telefónica de España un 14% menos, lo que sitúa sus beneficios en 2.432 M de euros, y Telefónica Móviles España, un 9,6% menos, hasta 1.980 M de euros. O sea, un total de 4.412 M., el 43,4% de sus ganacias mundiales. Pero a César Alierta y sus muchachos les parece poco. Dicen que sus ingresos caen en nuestro país. ¿No será por las elevadas tarifas que ofrecen? Eso sí, a los 1.900 directivos les reservan bonus de 450 M de euros para repartirse por cumplir sus órdenes. ¡Qué caraduras! ¡Bonito ejemplo!

ECONOMÍA / Nueva Rumasa, nuevo fracaso

"Quiero también que sepas que mucha de la publicidad y comentarios que de vez en cuando salen en los medios de comunicación, sobre inversiones y puestos de trabajo, forman parte del 'marketing' de cara a la opinión pública, pues a la hora de la verdad, si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil, es porque recibimos más de lo que invertimos..."

"Los tiempos no están para invertir, sino para recoger... A veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes"

José María Ruiz-Mateos (9 de febrero de 2009)

Hay palabras que delatan. Y éstas, extraídas de las cartas enviadas por el "peculiar" ¿empresario? José María Ruiz-Mateos al director general de riesgos del Banco Santander, Javier Peralta, dejan bien clarito que el dinero que Nueva Rumasa ha estado pidiendo los dos últimos años a la gente (a través de pagarés siete veces censurados por la CNMV) no estaba destinado a invertir, como se aseguró, sino a tapar sus propios agujeros. Los que finalmente se han abierto en su holding por la crisis... Y el crecimiento desordenado y poco ponderado. Llueve sobre mojado. Ya ocurrió la otra vez, con Rumasa, un caso diferente pero con un final similar... La historia a veces se repite.

Por cierto, las principales empresas de Nueva Rumasa suspenden pagos, después de que el fondo estadounidense Oaktree, inicialmente interesado en su compra, la haya desestimado, supongo que tras ver el percal que hay dentro...

POLÍTICA / Primer Estado de Alarma de la democracia

Ayer sábado (a las 13 horas) se declaró el primer Estado de Alarma de nuestra democracia, a raíz del abandono de sus puestos de trabajo, el viernes a las 17 horas, por parte de los controladores aéreos de los aeropuertos españoles. Ello ha provocado un tremendo caos que ha llevado a cerrar el espacio aéreo en todo el país (hasta que ha sido reabierto pasadas las 15 horas del sábado), ha puesto bajo control militar los aeropuertos y ha dejado a unos 650.000 pasajeros completamente tirados, a la espera de que se normalice la situación en 24-48 horas.

Por muy legítimas que sean las reclamaciones laborales de los controladores, que realizan una labor muy importante y muy bien pagada, por cierto, no se puede abordar de una manera tan salvaje, paralizando el transporte aéreo de todo un país y "secuestrando" a cientos de miles de ciudadanos. No es ésta una estrategia sindical, sino la rabieta de un colectivo que sabe que tiene las herramientas para hacer mucho daño. Al igual que, en un ejemplo clásico, un militar dispone de la tentación (muchas veces desgraciadamente llevada a cabo) del fácil acceso a las armas para imponer sus deseos. No se puede permitir semejante chantaje. Las cuestiones laborales (el sueldo, las horas de trabajo abusivas, la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos...) deben quedarse en el marco de un conflicto entre empresa (Estado, en este caso) y trabajadores, y no perjudicar a un país entero.

Decreto en el que se declara el Estado de Alarma.

El origen de las disputas entre Aena y los controladores.

Las razones de los controladores, que ya dieron pie a un último conflicto (de otros cuantos) en agosto pasado.

Legislación sobre el Estado de Alarma:

Constitución Española (1978)

Artículo 116.

1. Una Ley orgánica [ver más abajo] regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.

============================================

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Capítulo I.
Disposiciones comunes a los tres estados.

Artículo 1.

Uno. Procederá la declaración de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.

Dos. Las medidas a adoptar en los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias.

Tres. Finalizada la vigencia de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes.

Cuatro. La declaración de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los Poderes Constitucionales del Estado.

Artículo 2.

La declaración de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio será publicada de inmediato en el Boletín Oficial del Estado y difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en aquel. También serán de difusión obligatoria las disposiciones que la autoridad competente dicte durante la vigencia de cada uno de dichos estados.

Artículo 3.

Uno. Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

Dos. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes.

Capítulo II.
El Estado de Alarma.

Artículo 4.

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Artículo 5.

Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de Estado de Alarma.

Artículo 6.

Uno. La declaración del Estado de Alarma se llevará a cabo mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Dos. En el Decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del Estado de Alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Artículo 7.

A los efectos del Estado de Alarma la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad.

Artículo 8.

Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del Estado de Alarma y le suministrará la información que le sea requerida.

Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los Decretos que dicte durante la vigencia del Estado de Alarma en relación con este.

Artículo 9.

Uno. Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Dos. Cuando la autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.

Artículo 10.

Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes.

Dos. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.

Tres. Si fuesen cometidos por autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de Estado de Alarma podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia.

Artículo 11.

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Decreto de declaración del Estado de Alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fabricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado D del artículo cuarto.

Artículo 12.

Uno. En los supuestos previstos en los apartados A) y B) del artículo cuarto, la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios forestales.

Dos. En los casos previstos en los apartados C) y D) del artículo cuarto el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento. Será de aplicación al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria respecto de lo dispuesto en el presente artículo.