La gota que ha colmado el vaso ha sido
el caso de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular que amasó una fortuna de 22 millones de euros en su cargo (llevándola a Suiza, fuera del control de la Hacienda española, y utilizando además la amnistía fiscal aprobada por su propio partido en el Gobierno para blanquear buena parte), al tiempo que, según apuntan las evidencias hasta ahora publicadas (en un ejercicio periodístico de servicio a la sociedad enorme, principalmente a cargo de El País, aunque también de El Mundo), ayudaba a financiar ilegalmente al PP, un partido con sus cuentas en entredicho al menos entre los años 1990 y 2008. Nada menos. Y es la última gota porque es la culminación de
tantos y tantos casos de corrupción que relacionan política y enriquecimiento privado a costa del dinero público, el de todos, y que señalan principalmente al PP, pero también al PSOE y a CiU, es decir, usualmente a los partidos con acceso a los resortes de poder, donde la tentación es grande y el control, al parecer, mínimo. Por lo tanto, aunque parece que hay una tendencia ideológica clara en la corrupción (los políticos afines al liberalismo y la privatización generan contactos más cercanos a las tramas empresariales y se ven en mayor medida envueltos en el desvío de dinero público o de corporaciones a sus bolsillos a cambio de favores), cuando se gobierna con mayoría absoluta o suficiente durante largos periodos de tiempo, el caldo de cultivo para la corrupción afecta a cualquier partido, está demostrado: sea el PSOE de Felipe González o de Andalucía, o la CiU de Cataluña.
Por tanto,
nos encontramos con un problema sistémico que hay que arreglar. Un problema al que, cuando éramos una supuesta potencia económica mundial y todos (nos decían) éramos ricos, no muchos daban la importancia requerida. Total, unas mordidas a cambio del "España va bien" era un precio mínimo. Pero cuando caemos de lleno en la crisis, en una crisis (recordemos) provocada por el sistema imperfecto, atrofiado y corrupto (tanto en lo económico como en lo político) que tenemos, entonces nada ya se puede permitir y, o una solución drástica llega pronto o no sé qué puede ocurrir en este país. Que la desafección por los políticos, nuestros representantes, esté por los suelos lleva a una clara deslegitimación del sistema que requiere de un cambio de modelo importante, no de unos parches aquí y allá. Ya pasó ese tiempo. Ahora
llega el momento de reinventar nuestra democracia, antes de que alguien llegue con otras ideas más terribles (los momentos de crisis llevaron el fascismo al poder, tengámoslo presente, en la última gran crisis mundial, la de 1929).
¿Las soluciones? No serán fáciles de aplicar porque, ante todo, requieren de una voluntad política que no parecen tener los actuales dirigentes de los (todavía) dos principales partidos políticos del país: Rajoy (envuelto él mismo en acusaciones de corrupción y derroche de dinero público) y Rubalcaba (arrastrado por la pésima imagen del último mandato de Zapatero, que ni vio ni supo atajar la enorme crisis económico-político-social que se cernía). Pero ahí van unas cuantas ideas:
- Una nueva ley electoral proporcional que dé la sensación al ciudadano de que lo que elige es lo que le representa. Ello podría llevar actualmente, y según recientes estimaciones, a que hubiese en el Parlamento cuatro fuerzas políticas nacionales más o menos parejas y con la oportunidad de consensuar un nuevo marco político: PP y PSOE, con alrededor del 23% cada uno (si no menos, a medida que pase el tiempo), Izquierda Unida, con en torno al 15-16% y UPyD, con el 13-14%, dando cabida así a todas las principales tendencias ideológicas de la ciudadanía, incluso añadiendo a esto los nuevos movimientos sociales (15-M, Stop Desahucios, etc.) o medioambientales (verdes y ecologistas en general). Capítulo aparte merecerán los partidos autonómicos y la vertebración de España.
- Unido a la nueva legislación para las votaciones, será importante abrir las listas y aumentar la democracia interna de los partidos. Conocer mejor a nuestros políticos, hacer un seguimiento cercano y escrupuloso a través de los medios de comunicación y otros que se deban articular, será imprescindible para que no sean las maquinarias de los partidos las que impongan las listas, sino nosotros con suestra selección en el voto. Así, la democracia se hace más directa y, lo que es aún más importante, los ciudadanos asumimos mayores responsabilidades. Por su parte, los partidos deberán funcionar de tal manera que los cambios de sus propios dirigentes sean más fáciles (incluso, obligados) y las renovaciones menos aparentes y más de fondo, al mismo tiempo que sus propios sistemas de control (junto con otros externos, pendientes de mejorar/crear) eviten corruptelas internas.
- Sistemas de control externo. Es evidente que los tesoreros de los partidos no pueden hacer y deshacer a su antojo con el dinero público. Es obvio que un concejal de urbanismo de un pueblo no puede recalificar sin criterio público y enriquecerse en su cargo. Es claro que los presidentes de comunidades autónomas no pueden entrar en una carrera populista del "yo te doy más", endeudándose sin control para luego arruinar a su región, llevándose por delante el sistema de cajas de ahorro y luego poniendo la privatización como solución a sus errores. O aciertos, porque si sirvió para enriquecerse... Pues bien, estudiemos sistemas de control realmente válidos y a todos los niveles. Ello requerirá de normas de transparencia y de una reforma a fondo de nuestras administraciones.
- Esto nos lleva al estado autonómico. Se hace más necesario que nunca un marco claro y definido de competencias, evitando las duplicidades, de las actuales comunidades autónomas. Se llamen como se llamen. Y preservando, lógicamente, la solidaridad interterritorial. Que el Senado sea la cámara para estas cuestiones, mientras que el Congreso queda como representante proporcional del conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, un sistema político más directo y transparente lleva a la república como forma de gobierno. Es inevitable. Quizá sería deseable un modelo como el alemán o el italiano, donde el presidente es más una figura moderadora a nivel interno y con funciones de representación de cara al exterior. Pero elegido democráticamente. Con mandatos algo más largos, posiblemente, para resaltar su carácter integrador, por encima de los cambios de gobierno e, incluso, distanciado de los partidos políticos.
- El poder judicial, ninguneado siempre en cuanto a recursos económicos, requiere de estos para cumplir bien su fundamental papel en una mejor democracia. Rápido, eficaz y gratuito. Del mismo modo, el nuevo sistema velará por que la educación y la sanidad sean sus ejes fundamentales y permanezcan dentro del control público, con las pertinentes garantías de calidad y acceso para todos. Pero, por encima de todo, ahora mismo el problema más urgente es el del paro. Y ésta deberá ser la máxima prioridad. Aunque se trata de una cuestión económica, requiere de una indudable voluntad política: que la generación de empleo y no la mera austeridad sea el referente de nuestros políticos.
Éstas y algunas cuestiones más deberán afrontarse ya, antes mejor que después, para asegurar en este país la continuidad de la democracia, un bien tan valioso y que hemos tenido la oportunidad de disfrutar bien poco a lo largo de nuestra historia. Tomemos las lecciones y lo que de bueno hay en otros sitios con experiencia: Estados Unidos, Reino Unido, Francia... Y afrontémoslo sin miedo y con miras más altas que las partidistas o ideológicas de cada cual.
Una Nueva Transición es vital. Pero una verdadera Nueva Transición y no el lampedusiano lema de "si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". Esta vez los ciudadanos están más que hartos.
Pero el cambio del sistema no deberá afectar sólo a lo político, sino también a lo económico. Esto lo comentaremos en una próxima entrega...
