El agua en España es ya un problema importante. Y, a tenor de las predicciones de los científicos, será mayor en el futuro, puesto que la Península Ibérica se encamina hacia la desertización de la mano de las principales consecuencias del cambio climático (menos cantidad de lluvias, aumento de la temperatura). Por tanto, el agua es y será cada vez más un bien escaso. Y si su reparto y consumo en una zona determinada no se gestiona bien puede llevar a situaciones muy inestables: el agua como importante factor originario de guerras es algo bien conocido. El conflicto israelo-palestino es un ejemplo claro: el 70% del agua que consume Israel procede de los territorios ocupados. En fin, tampoco seamos catatrofistas, pero me da vergüenza contemplar el espectáculo esperpéntico que está protagonizando en estos días un buen puñado de políticos a cuenta del agua que necesita Barcelona. Que si es o no un trasvase, que si se denuncia la medida al Tribunal Constitucional, etc.
Planta desaladora en Canarias
En mi opinión, el agua en un territorio determinado, en este caso España, debería tener un rango superior de bien público (ajeno a trifulcas intestinas), pero con las siguientes condiciones:
1. Debe consumirse de forma razonable y justa, buscando siempre la eficiencia en el sistema de conducción y consumo, no sólo particular sino también agrícola (el mayor consumidor, con un 80%) e industrial. Por tanto, nada de derrochar agua potable, nada de cultivos con excesivas necesidades de agua (desde luego, nada de pozos ilegales -hay más 500.000 en toda España-), nada de campos de golf donde no pueden sostenerse, nada de construir macrourbanizaciones en zonas áridas. Esto no es una broma, este tipo de desafíos a la razón se acaban pagando.
2. Si se cumple la norma 1 y, aun así, por razones ajenas como la sequía, se generan necesidades de agua de boca añadidas a las capacidades naturales se deben habilitar determinados medios para garantizar el abastecimiento. Y aquí no hay que crearse prejuicios, como ese falso debate que se ha abierto en el que parece que trasvasar agua es de derechas y construir desaladoras es de izquierdas. Hay que valorar diversas opciones de forma abierta y considerando las menores repercusiones medioambientales.
3. Eso nos lleva al tercer punto, donde precisamente habrán de considerarse las consecuencias de nuestros actos en el entorno, que ya sabemos que, de una forma u otra, nos acaba devolviendo la bofetada. Somos parte de la naturaleza y debemos servirnos de ella en lo necesario, sin abusar, pero también tenemos la obligación moral de mantener el medio ambiente sano y dispuesto a seguir generando sus propios recursos. No debemos esquilmar, sino aprovechar y predisponer. Por tanto, lo más razonable será realizar los menores trasvases posibles, debido a su impacto ecológico (no sequemos un río para rellenar otro que acabará también seco). No nos creamos dioses para modificar sin pensar los cursos de los ríos a nuestro antojo. Pero no nos cerremos a esta alternativa en algunos casos puntuales y de forma moderada. Habilitar una canalización estable de trasvase (sí, trasvase) del Ebro a zonas más o menos cercanas como Barcelona, realizada con suma eficiencia y para necesidades puntuales de carácter urgente (como es el caso actual de la Ciudad Condal) y para beber, puede ser una medida útil en el futuro. Pero quizá las plantas desaladoras pueden ser la opción prioritaria para cubrir la demanda futura, a pesar de sus (leves) consecuencias medioambientales (contaminación, generación de residuos salinos). Proporcionarán agua en grandes cantidades e independientemente del clima, lo que nos aliviará considerablemente. Manejar inteligentemente estas (y otras posibles) opciones es el papel de los politicos para con sus ciudadanos. De los buenos políticos.
Carácter de las precipitaciones en el Invierno 07/08
De EH (Extremadamente Húmedas) a ES (Extremadamente Secas)
Principales trasvases en España
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