
Con la
dimisión de Francisco Camps (ver foto) como presidente de la Generalitat Valenciana concluye una etapa de bochorno y vergüenza desde que se destapó
el asunto de los trajes, hace poco más de dos años.
Ningún imputado (como él lo está) debería presentarse a las listas electorales. Ejercer un cargo público con nuestro dinero debe conllevar un currículum judicial intacto. No hay más remedio si queremos conservar la limpieza y transparencia del sistema y evitar que la clase política sea vista como uno de los principales problemas de España, como piensa la gente. Y agarrarse al cargo por todos los medios, rebajando las consecuencias e implicaciones, repartiendo culpas a los demás, etc., como ha hecho Camps desde el principio, es absolutamente reprobable, repugnante, miserable e inmoral.
"¿Cómo alguien se va a corromper por unos trajes?", se ha alegado por parte de Mariano Rajoy. Y no olvidemos que, lo que empezó como una trama de aceptación de regalos por parte de Camps y otros, lo cual ya es claramente sospechoso, ha ampliado su magnitud conforme avanzaba la investigación judicial. Esos regalos eran ofrecidos por Francisco Correa y Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" como agradecimiento por el beneficio empresarial que obtenían a raíz de adjudicaciones de negocios por parte de los políticos (
trama "Gürtel" de corrupción). A su vez, estos obtenían dinero conseguido por dichos "empresarios" para financiar el PP (
financiación ilegal). Estas son las fundadas acusaciones y, de ahí, la imputación de Camps en un juicio que comenzará en breve. Ahí habrá de dirimirse su culpabilidad o inocencia (
responsabilidad penal), pero su carrera pública ya hace tiempo que está muerta (
responsabilidad política). Por eso, escuchar que dimite como un sacrificio por su partido suena a chiste malo, con ninguna gracia.