Con la dimisión de Francisco Camps (ver foto) como presidente de la Generalitat Valenciana concluye una etapa de bochorno y vergüenza desde que se destapó el asunto de los trajes, hace poco más de dos años. Ningún imputado (como él lo está) debería presentarse a las listas electorales. Ejercer un cargo público con nuestro dinero debe conllevar un currículum judicial intacto. No hay más remedio si queremos conservar la limpieza y transparencia del sistema y evitar que la clase política sea vista como uno de los principales problemas de España, como piensa la gente. Y agarrarse al cargo por todos los medios, rebajando las consecuencias e implicaciones, repartiendo culpas a los demás, etc., como ha hecho Camps desde el principio, es absolutamente reprobable, repugnante, miserable e inmoral."¿Cómo alguien se va a corromper por unos trajes?", se ha alegado por parte de Mariano Rajoy. Y no olvidemos que, lo que empezó como una trama de aceptación de regalos por parte de Camps y otros, lo cual ya es claramente sospechoso, ha ampliado su magnitud conforme avanzaba la investigación judicial. Esos regalos eran ofrecidos por Francisco Correa y Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" como agradecimiento por el beneficio empresarial que obtenían a raíz de adjudicaciones de negocios por parte de los políticos (trama "Gürtel" de corrupción). A su vez, estos obtenían dinero conseguido por dichos "empresarios" para financiar el PP (financiación ilegal). Estas son las fundadas acusaciones y, de ahí, la imputación de Camps en un juicio que comenzará en breve. Ahí habrá de dirimirse su culpabilidad o inocencia (responsabilidad penal), pero su carrera pública ya hace tiempo que está muerta (responsabilidad política). Por eso, escuchar que dimite como un sacrificio por su partido suena a chiste malo, con ninguna gracia.
