ECONOMÍA / ¿Cómo afrontar la crisis de la deuda?

España y Europa están atravesando una dura crisis de deuda que está atenazando nuestro crecimiento y, por lo tanto, generando paro y deteriorando nuestras condiciones de vida. ¿Y cuál es la solución que proponen los neoliberales-conservadores actualmente en el poder en buena parte del Viejo Continente? Reducir gasto público cargándose poco a poco el Estado del Bienestar, ese sistema que mejora el viejo, injusto y esclavista capitalismo del siglo XIX con medidas sociales y redistributivas propias del pensamiento socialista y comunista, creando un pacto de equilibrio entre empresarios y trabajadores. Y ese equilibrio es el que están rompiendo ahora esos gobernantes neoliberales-conservadores (ver nuestra la reforma laboral del PP) con la excusa de la crisis de la deuda, en coordinación con eso que llaman "los mercados": el movimiento elitista especulativo financiero que supone la reedición del viejo capitalismo en formas mucho más poderosas y que pasan por encima de la democracia (véanse los casos de Grecia o Italia -con Gobiernos decididos desde fuera-, pero piénsese el porqué, mande uno u otro partido mayoritario, la política económica viene a ser la misma, aunque en el caso socialdemócrata haya claramente más reticencias).

Pero no nos salgamos del tema. Conocemos la estrategia de los neoliberales-conservadores para salir de la crisis rompiendo el Estado del Bienestar para crear unas condiciones más favorables para los poderosos y una aceptación más sumisa por parte del resto de la sociedad. Pero no se han valorado alternativas para salir de esta situación. Y para ello hay que buscar en los orígenes de la actual crisis. ¿Son causantes de la misma el gasto en Sanidad y Educación o los sueldos? Veamos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario total (público + privado) en España fue, en 2005 y en relación al PIB, del 8,3% (5,9% la parte pública y 2,4% la privada); en 2006, del 8,4% (6% y 2,4%); y en 2007, del 8,5% (6,1% y 2,4%). Es decir, vemos un aumento progresivo, aunque moderado del gasto público sanitario, que iba paralelo con el crecimiento del país y que, aun así, nos coloca en una situación media-baja con respecto al resto de países europeos: Francia (11% en 2007), Alemania (10,4%), Bélgica (10,2%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,8%), Países Bajos (9,8%), etc. Lógicamente, al decrecer la economía española con la crisis y caer el PIB, el gasto sanitario habría aumentado más porcentualmente que nominalmente en los últimos años. El dato de 2008 -último confirmado- fue del 8,9% (6,5% y 2,4%). En cuanto al gasto público total en educación, la evolución ha ido del 4,35% en el año 2000 al 5,09% en 2007 (último dato disponible en el INE). Nuevamente, por debajo de buena parte de los países de la UE, como Dinamarca (7,98%), Suecia (6,85%), Finlandia (6,14%), Bélgica (6%), Francia (5,58%) o Reno Unido (5,48%). En salarios, ¿qué decir? Bien es sabido que los precios han subido el triple que los sueldos desde que se implantó el euro, en 2002. En concreto, la cesta de la compra aumentó un 48%, mientras que los salarios lo hicieron un 14%. Al mismo tiempo, los beneficios empresariales han seguido aumentando y, por primera vez en la historia de España, superan a los salarios en su peso en la renta nacional. Así, según los datos del cuarto trimestre de 2011, el beneficio empresarial copa el 46,2% (frente al 41% de principios de los 80), los salarios se quedan en el 46% (frente al 53% de principios de los 80) y los impuestos a la producción se quedan con el restante 7,8% (frente al 6% de principios de los 80 y el 10% de mediados de la pasada década).

Gasto público (% del PIB en 2010)
Fuente: Eurostat
Por tanto, hemos observado que, lejos de ser los causantes de esta crisis, sanidad, educación y sueldos están siendo las principales víctimas de la misma cuando aún no habían llegado siquiera a equipararse con los países europeos de nuestro entorno. Las causas de la crisis en España son bien conocidas: enorme descontrol del gasto privado, tanto de familias endeudadas por las hipotecas sobre inmuebles y créditos al consumo como, especialmente, de empresas apalancadas, mal gestionadas y que han dejado tremendos agujeros contables; y, en mucha menor medida, despilfarros en las distintas administraciones públicas, sobre todo comunidades autónomas y ayuntamientos. Los últimos datos de 2010 indican que la deuda privada ascendía nada menos que a 2,6 billones de euros, de los que 1,7 billones corresponde a las empresas y 0,9 billones a las familias. Y esto teniendo en cuenta que el PIB español, lo que produce la economía española cada año, es aproximadamente de 1,1 billones. Por su parte, la deuda de las instituciones financieras se situaba en los 0,86 billones y la del conjunto de las administraciones públicas no llegaba a 0,59 billones. Entonces, ¿por qué tanto empeño en echar la culpa a lo público, cuando está gestionando un gasto más que razonable y tiene una deuda mucho más ajustada que la de empresas y familias? ¿Quién está interesado en no culpabilizar a las empresas y a las familias? ¿Acaso criticar a las empresas es atacar al establishment financiero y resta votos de empresarios y autónomos? ¿Acaso criticar a las familias es, nuevamente, perder votos? Las respuestas son evidentes.

La salida de la crisis, tras los avisos de ciertos economistas (Paul Krugman, principalmente) y políticos (en IU, mayormente) con sentido común, la están empezando a vislumbrar los partidos socialdemócratas en Francia, primero, donde parece que desbancarán del poder a Sarkozy el mes que viene, y, luego, en Alemania, Italia y (esperemos) en España. Y esa salida debe venir no por el recorte del gasto público sino por el del aumento de los ingresos públicos. Y, lo que es más importante, no ha de santificarse la reducción drástica del déficit si no existen condiciones para el crecimiento.

Ingresos fiscales (% del PIB en 2010)
Fuente: Eurostat
El Gobierno pretende recortar 30.000 millones de euros en los presupuestos de este año para ajustarse al mandato neoliberal de la UE de bajar el déficit del 8,5% de 2011 al 5,3% en 2012 (4,4% era el plan inicial para llegar en 2013 al 3% requerido por la UE). Pues bien, ¿debe recortarse el gasto público siguiendo estas pautas cuando no hay crecimiento productivo, el paro crece de forma galopante y están en peligro las bases del Estado de Bienestar que, como hemos visto, no tiene culpa alguna de la crisis? Esta es la pregunta clave. Pero para tomar otro camino habrá que cambiar el signo político de los principales Gobiernos europeos y modificar así la estrategia de recortes públicos por otra que combine la reactivación económica con los necesarios controles en la economía (pública y privada). Analicemos la historia y sigamos el ejemplo de Roosevelt y no de Reagan. Mientras tanto, reparemos las dañadas cuentas públicas con nuevos ingresos que restablezcan la justicia fiscal en la economía española.

Por un lado, se calcula que en España existe un 25% de economía sumergida, esa que no paga impuestos ni cotiza por sus trabajadores, a los que ofrece sueldos de subsistencia. Un 25% son nada menos que 275.000 millones de euros. Entremos a saco ahí. ¿Con qué recursos? Hagamos una movilización masiva de funcionarios sobrantes de algunas admninistraciones (diputaciones provinciales, por ejemplo) para aumentar los inspectores que acaben con la economía que no declara ni rinde cuentas. Esta es la tarea descomunal que hay que asumir y ahora es el momento. Nos proporcionará ingresos para todos.

Por otro lado, cambiemos la fiscalidad haciendo que las rentas del capital paguen más que las rentas del trabajo. Ahora mismo, la recaudación del Estado se reparte principalmente de la siguiente manera: de un total de 161.760 millones de euros de 2011, el 43% provino del IRPF (es decir, de los trabajadores -tanto curritos como directivos-), el 30,5% llegó del IVA (impuestos indirectos que penalizan a todos los consumidores por igual, sean pobres o ricos), el 11,7% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, gasolinas..., nuevamente tasan sin tener en cuenta la renta) y solo el 10,3% llegó del impuesto de sociedades. ¿Es esto el mundo al revés? ¿El trabajador paga más que el empresario? Así están las cosas. Cambiemos, pues, la dinámica para tasar las actividades empresariales en mayor medida y, por encima de todo -se sea de una u otra condición-, que el que más tenga más pague. Se trata de un punto innegociable si queremos montar una sociedad justa y próspera. Las tasas sobre la banca y las transacciones financieras, o sobre entidades hasta ahora impunes, como la Iglesia, y la reducción del presupuesto de Defensa, cuya deuda asciende a 25.000 millones de euros, son otras vías. ¿Más ideas?