¿Qué ha pasado?
A estas alturas de la crisis económica (2008-?) parece claro que la culpa no fue de Zapatero. Pocas personas pueden vanagloriarse de haber predicho con suficiente antelación la enorme catástrofe que se avecinaba en los países de economía capitalista desarrollada. Menos aún los políticos, en su mayor parte meros gestores aficionados a estadistas (en algunos casos, aceleradores del proceso; en otros, directamente aprovechados). La crisis actual es de una complejidad enorme y atañe, por un lado, a la desregulación del sistema económico, que permitió el auge de productos derivados y otros productos tóxicos que embaucaron a mucha gente y a su dinero (fue causa de la primera parte de la crisis en Estados Unidos y en España se está viviendo con las preferentes, por ejemplo). Por otro lado, la burbuja inmobiliaria (existente tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos, como -por este orden- Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Francia y España) ha dejado atrapada a mucha gente con créditos imprudentes sobre precios irrealmente elevadísimos, al tiempo que ha lastrado a muchas entidades financieras con relativamente altas tasas de morosidad. A su vez, una de las principales causas de la burbuja (y del recalentamiento de la economía) fueron los tipos de interés bajos fomentados por el Banco Central Europeo (y sobre los que, recordémoslo, los países de la Unión Europea no tienen control), principalmente por conveniencia de una Alemania que necesitaba dinero barato para su reunificación. Pero vino bien a todos: a las personas para comprar viviendas (esa tradicional costumbre española) y a las empresas para generar operaciones apalancadas.Y a los Gobiernos (central, autonómico y municipal) para recaudar a espuertas con tanto movimiento económico. Pero nos pasamos de frenada, la gente (la clase alta y no tan alta) pasó de comprar viviendas para uso habitual a especular con ellas a corto plazo, las compañías empezaron a sobreendeudarse y las Administraciones miraron para otro lado. Todos (los listillos) sacaron tajada. Así, cuando todo colapsó nos encontramos con la desaparición del sector inmobiliario (sólo la inversión residencial llegó a suponer el 9,2% del PIB en 2007), con lo que supuso de paralización de la actividad económica, desempleo masivo y cese de pagos a las Administraciones (ni por actividad, ni por licencias, ni por impuestos de sociedades ni por IRPF), disparando al tiempo los gastos sociales por todo el paro que empezaba a crecer. Por tanto, la caída de la construcción provocó un efecto de arrastre en la producción nacional, en las cuentas del Estado y en el tejido social del país. Desde ese momento, se empezó a desbocar la deuda pública. Lo que faltaba, porque la deuda pricada ya se había puesto por las nubes de tantas empresas que se habían apalancado y de tantas personas que se habían hipotecado. La deuda pública en España siempre fue moderada, pero ciertamente en los años de bonanza fue baja, muy baja en comparación con nuestro entorno. Digamos que lo contrario de Alemania, que incumplió 14 veces los criterios de Maastricht (claro que a ellos nunca se les penalizó por aquello ni fueron públicamente humillados). En concreto, la deuda pública española era del 36,2% en 2007 y se empezó a disparar sencillamente porque cayeron los ingresos y aumentaron los gastos de forma drástica y rápida.
A ello se sumó pronto la crisis financiera, cuando se desveló la infame gestión de cajas y bancos, que concedieron un exceso de créditos de difícil cobro (o a instancias de presiones políticas, en el caso de muchas cajas), incumpliendo cualquier principio racional de prudencia. Varias entidades se nacionalizaron (con el consiguiente sobrecoste de dinero público), algunas simplemente colapsaron (y fueron regaladas tras ser "salvadas"), pero la mayor parte inició una equivocada senda de concentraciones que no hizo sino extender la toxicidad por todo el sistema. Total, el entramado financiero quedó embotado, sin posibilidad de seguir ofreciendo siquiera los necesarios créditos para la marcha de las empresas generadores de actividad de este país. Por ello, a las muchas compañías que ya estaban cayendo por su pertenencia o relación el sector inmobiliario, ahora se unían todas las demás que no podían obtener financiación para su mantenimiento. Resultado: más batacazo del PIB, más desempleo y más descuadre de las cuentas públicas (del superávit del 2,4% en 2006 y del 1,9% en 2007 a los déficits del 4,5% en 2008, 11,2% en 2009, 9,7% en 2010, 9,4% en 2011 y 10,6% en 2012; y la deuda pasa del citado 36,2% de 2007 al 69,3% de 2011, al 88,4% de 2012 y al 90,5% previsto para 2013). El desfase se acrecentó porque se tomó la decisión (tanto por parte de PSOE como de PP) de utilizar dinero público para restacar al sistema bancario, incluyendo aquellos de nefasta gestión: más de 60.000 M€ entre 2010 y 2012 para todo el sistema financiero, a los que hay que sumar los 40.000 M€ pedidos prestados a Europa (a cambio de recortes generales del gasto, es decir, la austeridad, que es la -errónea- política que tomado la Unión Europea para afrontar esta crisis).
Ante el desbarajuste de las cuentas, con déficit y deuda crecientes, deuda privada por las nubes y nulas perspectivas de crecimiento, se originó la siguiente fase: la crisis de la deuda soberana. Es decir, los prestamistas internacionales nos empezaron a considerar un país de riesgo y exigieron mayores tipos de interés para seguir dejándonos dinero. Y la Unión Europea, en un nuevo alarde hacer bien las cosas, nos dejó solos ante la prima de riesgo (comparación con el -bajo- riesgo de Alemania) en lugar de asumir la deuda como el conjunto de países con moneda única que somos. Por tanto, durante los últimos años, España se ha estado financiando con tasas sobreelevadas con respecto al riesgo real que indicaban sus (todavía salvables) cuentas, de modo que ya en los Presupuestos de 2013 se contempla el pago de 38.589,55 M€ en intereses (frente a los 28.841 M€ de 2012) y subiendo... A este panorama desolador se ha sumado un nuevo error: la austeridad como forma de atacar la situación de crisis. Y es que si no se comprenden el origen y las causas de nuestra situación, y no se aprende de las lecciones de historia económica, las cosas van a ir a peor. Eso es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos tiempos, a raíz de las decisiones del último periodo del Gobierno de Zapatero y del actual Gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes de gasto lo único que han provocado ha sido un mayor hundimiento de nuestra economía, abocada a prolongar la recesión y a padecer cifras astronómicas de paro durante demasiado tiempo. Si a un sector privado maniatado (sin créditos para crecer y sin demanda que consuma) se le suma un sector público que no gasta, ¿quién tirará del carro? Y eso nos lleva a la cuestión de qué hacer. Pero antes...
¿Qué se debería haber hecho?
A toro pasado, hay una serie de medidas que habrían causado menor sufrimiento al conjunto de la población y que hubieran proporcionado las condiciones para una recuperación más rápida. Frente a los productos tóxicos y, en general, la mala gestión de las entidades financieras, se debería haber dejado caer a los peores cajas y bancos, asumiendo el Estado únicamente la devolución de los ahorros por debajo de 100.000 €, así como poniendo mucho antes en los balances los precios reales de los devaluados inmuebles. El coste de esta decisión hubiera sido monetariamente inferior al "rescate" bancario (no hubiera ni requerido de préstamos a la Unión Europea), por no hablar de que moralmente habría sido una solución más justa para el conjunto de la población (incluyendo castigos ejemplares para los malos gestores), y se habrían puesto más rápidamente las bases para que la banca siguiera inyectando dinero al mercado. ¿Los contras? Básicamente, hubiera creado desconfianza en los prestamistas internacionales. Justamente lo que pasó de todas formas con el camino más doloroso que se tomó. Y posiblemente hubiera fluido antes el crédito mundial y con menores tipos de interés. Asimismo, si el mercado inmobiliario hubiera asumido antes el recorte de su valor, el parque de viviendas vacías podría estar ahora mismo ocupado, a precios justos y apropiados, pero por lo menos ocupado y pagando sus impuestos. Y si en vez de pura y dura austeridad se hubieran desarrollado medidas incentivadoras del crecimiento económico (al tiempo que se racionalizaban los gastos, lógicamente) y si se hubiera puesto el acento en la persecución del fraude fiscal y de las cargas impositivas más proporcionales... Todo ello, en fin, forma parte del "¿qué hacer?", porque aún estamos a tiempo...
¿Qué hacer ahora?
Conocido es que los jerifaltes europeos denostan las políticas de crecimiento porque suponen más déficit y endeudamiento. Cierto, pero la economía necesita inyección inversora y alguien tiene que hacerlo, ya que no bancos, ni empresas, ni particulares. Y sería un endeudamiento temporal, dado que la adecuada motivación de la economía lograría retomar el crecimiento de empresas, la generación de empleo y el consumo de particulares, que volverían a pagar impuestos, lo que acabaría reduciendo las tasas de déficit y deuda a medio plazo. Es el camino que ha tomado Estados Unidos con resultados satisfactorios, por mucho que el Partido Republicano trate de instaurar la polítca de austeridad europea. Desde luego, la solución no son los recortes, que nos alejan de toda posibilidad de crecimiento y, como se ve, acaba elevando tanto déficit como deuda debido a que la economía no funciona y va hacia el colapso. La prueba la tenemos delante de nuestras narices: las autonomías que más han recortado son las que menos están creciendo: véase Castilla-La Mancha, auténtico laboratorio de pruebas de la teoría de la austeridad, que redujo su déficit del 7,9% en 2011 al 1,5% en 2012 a costa de desplomar su PIB un 3% el pasado año (frente a la media nacional del -1,4%) y sobrepasar la indignante barrera del 30% de paro. Un ejemplo más de los efectos de la austeridad. Pero no el único caso, desde luego. A nivel europeo se puede observar una clara relación directa entre esfuerzo presupuestario (reducción del déficit) y aumento de la tasa de paro: con Grecia, España, Portugal e Irlanda como principales damnificadas. Los países intervenidos son los que no se están recuperando.
Porque, vamos a ver, la economía, ¿para qué sirve? ¿Para cuadrar unos imputs y outputs sobre el papel o para intentar proporcionar bienestar a la ciudadanía? Si la respuesta es lo segundo, queda claro entonces lo que no hay que hacer. Y lo que se deben poner en marcha son ya medidas de estímulo del crecimiento (planes públicos de actividad económica y creación de empleo en conjunción con las empresas privadas de los principales sectores y de esos otros que deben ser estratégicos en el futuro), incluyendo la recuperación de la capacidad industrial que se ha ido perdiendo estos últimos años con las deslocalizaciones (apostando por mano de obra cualificada), fomento de la inyección crediticia a las empresas y emprendedores, persecución implacable del fraude fiscal para conformar un esquema económico más justo, recuperación y creación de impuestos para clases altas, fortunas patrimoniales, transacciones financieras de alto nivel, etc. que detraigan del exceso de capital lo que la clase media dinamizadora requiere para volver a crear tejido empresarial sano y lo que la sociedad entera necesita para volver a fomentar la educación pública (pilar fundamenteal de cara al futuro) y la sanidad pública (básica para el Estado del Bienestar). Ah, y de paso cargarse la reforma laboral que, como se ha visto, no sólo no crea empleo sino que precariza aún más la situación de los más débiles. Pero hay un gran impedimento para llevar a cabo esta política que, insisto, es una alternativa viable... Y ese impedimento se llama Unión Europea. Esto lo veremos en un próximo capítulo...
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