POLÍTICA / Las trampas de la reforma laboral del PP

Desde hacía un tiempo ya corría el runrún de que era imprescindible reformar el mercado de trabajo para crear empleo. Bonita manera de esconder las intenciones reales: bajar el sueldo a los trabajadores, despedirlos más barato, contratarlos con menos derechos, dar todo el poder al empresario. Primera mentira: ¿era imprescindible tomar estas medidas para luchar cotra el paro? Obviamente, no. La legislación laboral que se acaba de abolir era con la que se alcanzó el nivel de paro más bajo de la historia de España: 8,5% y 8,3% en 2006 y 2007, respectivamente. Y tanto entonces como ahora, no eran ni son las normas del trabajo las principales responsables de crear o destruir empleo. Nunca lo han sido. De hecho, las mismas leyes siempre han dado resultados desiguales en distintas comunidades autónomas: siempre ha habido más paro en Andalucía que el País Vasco. ¿Es la legislación laboral o son otras causas? La estructura productiva y la tradición empleadora de una zona concreta parecen ser muchísimo más determinantes. De la misma forma, la activación económica de España es la que produce puestos de trabajo, no la legislación laboral. Esto son patrañas que se venden desde ciertos cargos interesados: CEOE y demás organizaciones empresariales, que les interesa reducir al máximo los costes (es decir, derechos de sus trabajadores) para potenciar sus beneficios (cuando vuelvan, si es que se han ido); así como políticos y economistas liberales en España, Europa y el mundo, que, aprovechando la crisis y el miedo de la gente, desean dar forma a un mundo hecho a su medida, en el que los trabajadores no frenen la opulencia de grandes (y no tan grandes) empresarios e inversores despiadados que atenazan la economía de países enteros ante la pasividad de unos dirigentes políticos sin carácter, desorientados y sobrepasados por las circunstancias, más atentos a escuchar las voces de los poderosos mercados que de sus propios pueblos.

Evolución del desempleo en España.

Así las cosas, veamos las consecuencias de la reforma laboral que ha elaborado (y aprobado con su mayoría absolutista) el PP. En primer lugar, mientras culpabiliza al trabajador -supuesto holgazán que no piensa nada más que en el absentismo laboral y supuesto ladrón que cobra el derecho de paro- entrega dinero al empresario para animarle a contratar, en la confianza de que podrá despedir sin ningún tipo de indemnización. En segundo lugar, con la excusa de la competitividad, permite al empresario reducir a voluntad la nómina de sus actuales empleados, que pierden sus derechos sin más alternativa que ser despedidos (más baratos, claro). Tercero, abarata el despido para todos los trabajadores (lleven en el puesto poco u mocho tiempo), pasando la indemnización de 45 a 20 días por año trabajado y el tope de 42 a 12 mensualidades. Aquí está el truco: aunque se dice que la indemnización por despido pasa de 45 a 33 días (y el tope de 42 a 24 mensualidades), y se contabilizan 45 hasta ahora y 33 a partir de ahora, dicho caso sería el de un despido improcedente. Pero el Gobierno del PP ha facilitado enormemente el despido procedente de 20 días, al que cualquier compañía podrá acogerse alegando una bajada de ventas durante tres trimestres consecutivos. ¡¿Y qué empresa no podrá aducir esto ahora mismo?! Con lo que, en la práctica, la mayor parte de los empresarios se podrá acoger a pagar sólo 20 días a trabajadores que lleven en su puesto 5, 10, 20 o 30 años. El trabajador pierde así, de repente, todos sus derechos acumulados después de tanto tiempo. Y cuarto, se facilita enormemente la adopción de EREs, al no ser necesario un permiso, y se da pie a que por primera vez se efectúen despidos colectivos en el sector público.