A poco más de una semana desde que TVE empezara a emitir su programación sin publicidad (ahora se financia tanto con el dinero de todos los españoles como con el de los beneficiados operadores privados de telecomunicaciones), no puedo sentirme más satisfecho como espectador. Por fin puedo terminar de ver una película que empieza a las 10 de la noche, sin tener que trasnochar; por fin puedo ver a gusto el programa de mi elección sin estar pendiente de que me lo corten en el mejor momento; por fin, vaya, prescindo de tener que soportar la supuesta "imaginación" de los publicistas para endosarme los productos de sus clientes. Por favor, por mí no os esforcéis, vendedle la burra a otro. Y si se podía utilizar el momento de publi para ir al baño, ahora tengo suficiente con los preceptivos cinco minutitos de autopromoción de TVE.
Cierto que la nueva financiación traerá algunas repercusiones: contención del gasto y reducción de la producción foránea, mientras se potencia el contenido español y europeo. Bien, es comprensible, aunque no veo la relación entre calidad y nacionalidad. Porque, ante todo, el papel de una televisión pública ha de ser fomentar los contenidos de calidad. Otros condicionantes serán que el límite para comprar eventos deportivos será del 10% del presupuesto y que emitirá no más de 52 películas de estreno de las grandes productoras al año, mientras que destinará un 6% a promover el cine español. De momento, tras terminar 2009 como líder de audiencia, TVE mantiene esa posición en los primeros días de enero. Muy significativo.
Por otro lado, ¿es acertada la fórmula de la nueva financiación? Era de comprender que la falta de ingresos por publicidad podría descuadrar las ya de por sí deterioradas cuentas de TVE, que acabaríamos por cubrir todos los españoles con nuestros impuestos. Pero me parece especialmente afortunada la tasa que se impone a los operadores de telecomunicaciones, que, por un lado -recordémoslo-, funcionan bajo concesión administrativa dependiente del Estado y, por otro, podrán beneficiarse de la publicidad que ya no llega a la televisión pública. Se trata de un caso similar al de Francia, que ha empezado a recaudar de los operadores y, además, impone a los ciudadanos un canon por televisor, similar al establecido en Reino Unido y Alemania. En el caso español se prescinde de gravar (aún más) a los ciudadanos y todo se centra en los nuevos impuestos del 3% sobre ingresos a las televisiones privadas en abierto, del 1,5% a las de pago y del 0,9% a las telecos, hasta sufragar cerca del 55% de los 1.200 millones de euros de facturación anual prevista por el ente. El Estado "sólo" aportará 550 millones, en torno al 45%.
Promoción de la nueva TVE sin publicidad
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